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Publicat
a la revista Viscera 2, Març 2008
MANIFIESTO
SOBRE EL PODER TERAPÉUTICO
El advenimiento de la Gubernamentalidad Terapéutica en
las prisiones, y no sólo
OBERTURA
Un fantasma
recorre las prisiones españolas: el fantasma de la terapia.
Contra este fantasma se conjuran los sectores más represivos
del poder carcelario y comienzan a hacerlo, también,
los grupos del anti poder y los movimientos que luchan contra
las cárceles. Mientras los represores denuncian las prácticas
terapéuticas por su inaceptable intento de poner bajo
la mirada crítica la acción de los guardias y
administradores de prisiones y de difundir mentiras sobre sus
prácticas; los grupos militantes y abolicionistas le
acusan de constituir una hipocresía, una mutación
funcional o reformista, que bajo la máscara de la acción
terapéutica contribuye a perpetuar la existencia de las
cárceles. Todos se aprestan a luchar contra este fantasma
y en la misma línea de combate convergen enemigos irreconciliables:
el burócrata y el “Kie”, el guardia represor
y el militante abolicionista. Pero, ¿quiénes de
ellos se detienen a pensar lo que moviliza, significa y produce
este nuevo poder carcelario? ¿Qué estatuto político
define hoy nuestra vida como para que el poder adopte una forma
terapéutica?¿Qué formas de gubernamentalidad
moviliza? ¿Cómo se conecta esta transformación
interna del poder carcelario con los espacios públicos?
Preguntas que no suponen una respuesta unitaria, sino que reclaman
una problematización de la vida, individual y colectiva,
sin la cual, stricto senso, el poder terapéutico sería
una reforma más en el ámbito penitenciario.
Desde el
inicio del último turno de gobierno del PSOE, en 2004,
las autoridades penitenciaras del estado español promueven
la creación de módulos terapéuticos en
las cárceles. Éstos son constituidos como espacios
separados, alternativos a la dinámica de la cárcel
tradicional (represivo-disciplinar), libres de drogas y co-gestionados
por equipos terapéuticos de profesionales, guardias y
presos. En el espacio terapéutico se suprime la represión
física y se intenta romper con la redefinida “subcultura
carcelaria” dominada por el enfrentamiento y la lógica
del conflicto, para sustituirla por una convivencia pacífica
orientada a la terapia grupal, la reinserción laboral
y la acción educativa. Aunque aún minoritaria
dentro de la realidad de las 77 prisiones existentes en el estado,
esta iniciativa sostiene hoy la agenda de la política
penitenciaria española y, cada vez con mayor fuerza,
aparece en la primera plana como una “práctica
punitiva alternativa” coherente con los discursos de los
DD. HH., la tolerancia multicultural y la legitimación
social.
La práctica
terapéutica, a través de diferentes programas
(“unidades terapéuticas y educativas”, “módulos
de respeto” y “módulos de convivencia”)
es la mayor transformación que está impulsando
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias
(D.G.I.P.) sobre la dinámica de las cárceles.
Esta es su principal y, virtualmente, única diferencia
con la política de la Tolerancia Cero y la represión
generalizada que había implementado el Partido Popular.
El propio discurso penitenciario comienza a empaparse de un
lenguaje terapéutico. Giro inquietante de las agencias
judiciales y penales que “retornan” a la noción
de lo anormal, de lo patológico, y partir de ella generan
todo un complejo de interpretaciones, intervenciones y programas.
Pero sólo en apariencia se trata de una regresión
histórica y de una vuelta a los discursos sobre la anormalidad
que dominaron las estrategias de encierro durante el siglo xix
y principios del xx. El discurso terapéutico penal contemporáneo
funciona en otro diagrama y se desdobla en dos facetas interconectadas:
por una parte establece correlaciones del tipo marginalidad,
droga, adicción, delincuencia, prisión = Patología
dual, y por otra, sobre este terreno proclama la necesidad de
que el gobierno de las prisiones ofrezca el “servicio
terapéutico” a los internos, en una relación
oferta-demanda. Mientras, en las “estructuras elementales”
todo sigue igual: el Código Penal y la acción
de los jueces siguen hegemonizados por la encarcelación
como forma dominante de castigo, siguen los F.I.E.S.1 y los
primeros grado (con todo lo que ello implica en el trato concreto
de las personas encarceladas), las torturas, la dispersión
y las conducciones innecesarias y arbitrarias. Los proyectos
arquitectónicos y de infraestructura se llevan la mayoría
del presupuesto: más cárceles para hacer frente
al creciente número de presos.
El nivel
de contradicciones que abre el poder terapéutico en el
interior del sistema penal señala también la urgencia
de pensar estas transformaciones. Pero, esta urgencia va más
allá de la confirmación de los conocimientos establecidos
sobre el tema carcelario, se sitúa en la necesidad de
plantear problemas práctico-teóricos contemporáneamente
a las mutaciones de poder. En los módulos terapéuticos
se juega algo más que la confirmación de una reforma
por el malestar en las cárceles. Se trata de la posibilidad
de repensar el lugar de la prisión en el interior de
una nueva correlación de fuerzas, en una nueva economía
del poder: ¿qué tipo de gubernamentalidad supone
el modelo terapéutico en una época de encarcelación
masiva y de criminalización de la otredad? ¿Podemos
considerar estos cambios como síntomas de un nuevo tipo
de bio-poder?
TRAYECTOS
Tras la
muerte del dictador Franco en noviembre de 1975 se inicia en
España la llamada transición democrática.
Se restituye la monarquía y se producen importantes reformas
políticas que intentan desmontar la institucionalidad
franquista, proceso que culmina con la entrada en vigor de una
nueva Constitución en diciembre de 1978. Mientras tanto
la gente se echa a las calles y exige todo tipo de derechos
y los presos no quedan fuera de estas demandas. En 1975, mediante
indulto real, salen de prisión algunos presos políticos
y unos 5.000 presos comunes (sociales), pero muchos de éstos
vuelven a la cárcel en pocos meses debido al estigma
social y a las nulas posibilidades en el mercado de trabajo.
El 30 de julio de 1976 el Consejo de Ministros, mediante un
decreto ley, concede la amnistía a los presos políticos
y en noviembre de 1977 es casi una realidad el indulto para
la gran masa de los presos sociales, pero la iniciativa no prospera
por las presiones de los grupos más conservadores. Un
año más tarde, en noviembre de 1978 se celebran
en España manifestaciones masivas contra el terrorismo
y a favor de las fuerzas del orden, apoyadas incluso por los
partidos y grupos de izquierda que habían impulsado la
amnistía. Este giro tan radical se explica en gran medida
por la sistemática campaña contra la delincuencia
impulsada por el gobierno de Suárez (1976-1981), que
tomando como pretexto el clima de inestabilidad general y la
acción de grupos armados (ETA, GRAPO y grupos de extrema
derecha), emprende una modernización y ampliación,
consolidada por una legitimación del poder jurídico
y de los cuerpos policiales2.
En este
contexto, la respuesta de los presos comunes fue contundente:
entre fines de los años setenta, durante toda la década
de los ochenta e incluso a inicios de los noventa, las cárceles
españolas fueron sacudidas por innumerables motines,
organizados y comandados por presos comunes, la mayoría
dirigidos por la COPEL, Coordinadora de Presos en Lucha, constituida
durante una asamblea de presos y grupos pro amnistía
durante el motín de la prisión de Carabanchel
(Madrid) en julio de 1977. Sólo entre 1977 y 1980 se
registraron en todo el estado más de 100 motines, huelgas
de hambre masivas, autolesiones, secuestros de funcionarios,
incendios y otras acciones con tendencia a destruir las cárceles
y a reclamar los derechos negados. Mientras en España
se entraba en una especie de “revolución cultural”,
los presos comunes expresaban una mutilación social y
volvían al su cuerpo para manifestar un sentimiento irrepresentable.
Muchos dirigentes y participantes en estas acciones serán
dispersados, conducidos a diferentes prisiones y sometidos a
regímenes de aislamiento. Prácticamente toda una
generación quedó en el camino, exterminada por
la represión y por la heroína que en estos años
entró con sospechosa fuerza en las prisiones.
La “epidemia”
de la heroína en los ochenta fue parte de una estrategia
de control político (por parte del estado y sus cuerpos
policiales), para neutralizar el potencial revolucionario de
una “juventud revoltosa” que empezaba a organizarse
para producir cambios sociales. Pero hay que considerar también
otros factores como la reestructuración del mercado internacional
de la droga, que produjo la ilegalización del cultivo
de adormidera en Turquía y en Persia y el relativo relajamiento
de la acción policial sobre las organizaciones mafiosas,
como la mafia siciliana y el clan corso-marsellés que,
por esa época, introdujeron en España grandes
cantidades de heroína blanca, altamente refinada, proveniente
del sudeste asiático. En la misma década se producían
profundas transformaciones en la economía política:
la crisis industrial y la emergencia de fuertes conflictos entre
capital y trabajo, la desregulación de mercado de trabajo
y la derrota política de los movimientos de clase en
sentido tradicional. No sólo se degradaron las condiciones
de vida de la clase trabajadora, sino que su propia existencia
se puso en cuestión. Dentro de esta crisis, en muchas
regiones del estado español, los efectos del desempleo
fueron paliados por el surgimiento de una economía informal
de considerables dimensiones, en la que la heroína jugó
sin duda un papel importante. Papel curiosamente reforzado por
la circulación de recursos estatales a través
de diversos tipo de subsidios.
En esta escena emerge un tipo de delincuencia, alejada de la
moral del trabajo propiciada por la socialdemocracia, especializada
en delitos contra la propiedad: tirones, sustracciones de vehículos,
robos en domicilios particulares, joyerías, farmacias,
etc., pero con la irrupción del caballo (heroína)
la acción delictiva se ampliará además
a los atracos a bancos. Como datos podemos consignar que en
1984, cuando el uso de heroína en España ya estaba
muy extendido, se llegaron a perpetrar 6.239 atracos a entidades
bancarias, con un botín de 4.014 millones de pesetas,
tantos como en todo el territorio de los EEUU en ese mismo año.
Igualmente, en 1986 las Brigada Central de Estupefacientes afirmaba
que en España había más de 100.000 adictos
y que ellos eran responsables de la mayoría de los delitos
cometidos. La entrada masiva de heroína en España,
durante la década de los ochenta y noventa, jugó
un papel determinante en la vida cotidiana de la población
encarcelada porque transformó profundamente la dinámica
interna de las prisiones. Los movimientos reivindicativos y
los motines decrecieron, se acentuaron diferencias entre presos
políticos y sociales y, en general, los movimientos “resistentes”
se debilitaron y fragmentaron. Además, aumentaron las
enfermedades crónicas como el SIDA y la hepatitis (B
y C), se extendió el suministro de metadona, tranquilizantes
y psicofármacos por parte de la institución, los
patios pasaron a estar dominados por mafias y grupos vinculados
al tráfico de drogas, aumentó la corrupción
de los funcionarios, etc.
Durante los años ochenta y noventa la expansión
del sistema penitenciario se “alimenta” de jóvenes
provenientes del mundo obrero en crisis, mientas la reincidencia
hace patente la ineficacia de las agencias estatales destinadas
a la reinserción. Ante este clima de deterioro interno
y de desilusión externa, la solución, puesta en
marcha indistintamente tanto por los gobiernos del PSOE (1982-1996)
como del PP (1996-2004), fue el endurecimiento de las medidas
policiales y penales. Además, desde mediados de los años
noventa este proceso se agudiza debido a la adopción
de la ideología de la Tolerancia Cero (importada de EE.UU.)
y al endurecimiento de las medidas penales (reformas del Código
Penal de 1996 y 2003), con las consecuencias que actualmente
podemos constatar.
La población reclusa ha crecido de manera sostenida hasta
alcanzar en 2007 índices de encarcelación históricos:
durante la última década las tasas de encarcelamiento
aumentaron en España un 200 % (tendencia común
a la mayoría de los países europeos: 40% en Italia,
Inglaterra y Francia; 140 % en Portugal y un 200 % Países
Bajos. Los presos en el estado español aumentaron de
46.000 personas en el 2001 a 54.653 en 2003, para colocarse
en un record histórico de 67.066 personas en prisión
en 2008 (más de 140 encarcelados por cada 100.000 habitantes).
En los últimos años se observa, además,
el desarrollo de patrón de encarcelamiento de tipo preventivo
/ discriminatorio dirigido contra inmigrantes, toxicómanos
y, recientemente, islamistas. Actualmente las cárceles
españolas están sobrepobladas en un promedio de
140 % y sus principales “clientes” son toxicómanos
(70 %) e inmigrantes (más del 30 %). Para hacer frente
a esta situación, el gobierno español aprobó
en 2005 un plan de 1.647 millones de euros para edificar once
centros penitenciarios de régimen ordinario, 30 centros
de inserción social en régimen de semi-libertad,
finalizar las obras de cuatro nuevos centros penitenciarios,
ampliar tres prisiones ya existentes y construir cinco unidades
de madres. En 2007 la apertura del Centro Penitenciario Puerto
III en Cádiz inaugura el nuevo calendario de reforma
y ampliación en el sistema penitenciario.
Paralelamente a este proceso de inversión penal aparece
una nueva filosofía punitiva, cuyos conceptos claves
son la reinserción, la capacitación laboral y
la terapia. Se habla hoy de “Abrir las cárceles”.3
Bajo de esta consigna está la intención de oponerse
a la entropía que crece en el interior mismo del sistema
penal porque la Tolerancia Cero, como dispositivo de regulación
penal, crea un verdadero problema a la máquina judicial
y penitenciaria por el aumento constante del número de
presos. Además, exige invertir una cantidad extraordinaria
de dinero público en una institución que no puede
contrarrestar el crecimiento de la población penitenciaria.
Colapsa los juzgados, el cuerpo de policía crece como
cuerpo externo y en conflicto con la población y se produce
un grado de reincidencia inadmisible para la opinión
pública y el imaginario social. Por ello, a partir de
2006 la D.G.I.P impulsa abiertamente la introducción
de módulos terapéuticos en la mayor cantidad posible
de prisiones. Pero, ¿es ésta la única razón?,
¿qué lógica actúa bajo estas transformaciones
más allá de las “buenas intenciones”
de la clase política y los administradores de prisiones?
ANÁLISIS
Prototipo y deslocalización del modelo terapéutico
En 1992
surge el primer “espacio terapéutico libre de drogas”
en una prisión del norte de España y se constituye
la base de lo que será el prototipo terapéutico
y educativo de la nueva concepción penitenciaria. En
1998 se amplía la intervención en el Módulo
a otros módulos y se incluyen mujeres, creándose
el primer espacio carcelario mixto en todo el estado. Del 1992
al 2007 este prototipo tiene una evolución gradual, llegando
a dominar más del 40 % de toda la prisión. Sus
principales líneas de acción son: a) superación
de la subcultura carcelaria a través la destrucción
de los estereotipos y de la co-gestión entre profesionales,
funcionarios y presos; b) integración en el módulo
de todos los internos que así lo soliciten, sin importar
sexo, edad, grado penitenciario ni tipo de delito (excluidos
los calificados como terrorismo); c) constitución de
grupos terapéuticos dirigidos por profesionales (educadores,
psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales) en los
que se realizan estrictas actividades de formación (talleres
ocupacionales, educativos y de salud) y se promueve la “concienciación”
de los presos sobre déficit, carencia y causas de la
conducta desviada y delictiva; d) aislamiento del resto de la
población reclusa y de las influencias negativas, especialmente
del ambiente de las drogas, y recodificación de las relaciones
amigo/enemigo, e) sustitución de la vigilancia disciplinaria
por el control de la información a través de un
sistema orgánico que incluye al equipo de profesionales
(diseño y coordinación de las intervenciones),
funcionarios y guardias (tutores de los grupos terapéuticos),
grupo de apoyos (presos con mayor nivel de concienciación),
grupos terapéuticos (población reclusa en general)
y organizaciones externas (ONG y organismos de asistencia).
Para ingresar al módulo los presos deben firmar un “contrato
terapéutico” en el que se comprometen a respetar
estrictamente las normas del módulo bajo amenaza de expulsión.
Motivos de expulsión pueden ser el uso de la violencia
física o verbal, la introducción de drogas, la
relación con personas negativas o la resistencia a asumir
el proceso terapéutico.
El sistema
de “seguridad” del modelo terapéutico circula
a través de una compleja organización interna
y de una red territorial que incluye procedimientos de examen,
diagnóstico, seguimiento y apoyo. Desde un punto de vista
estrictamente político su característica más
notable es la de constituirse en una eficiente red de comunicación
e información. No señala un blanco ni una órbita,
sino que intenta constituirse en un nicho. Como expresa un guardia:“Es
un sistema que puede controlar sin vigilancia”. Es un
modelo más totalitario en la medida que promueve una
adhesión interna, subjetiva, de los presos ante su proceso
terapéutico y el de sus compañeros, muchas veces
bajo la presión de ser considerados por los presos de
otros módulos “chivatos”4 o “perras”.
No hay que olvidar que se trata de un proceso terapéutico
encargado a la institución penal y que, en un sentido
muy preciso, significa caer todavía más en manos
del sistema penitenciario. Pero, aún siendo el individuo
el blanco inmediato del proyecto terapéutico, su efecto
más importante se produce sobre el colectivo, sobre los
espacios, dinámicas, acciones y reacciones, del conjunto
de presos, guardias, funcionarios y profesionales que forman
la economía de la prisión. Como efecto de la acción
terapéutica la vida cotidiana de los módulos,
los tiempos, espacios y formas de cumplimiento de condena cambian
afectando al sistema clasificatorio y de actitudes en un proceso
de recodificación. El tiempo regresivo de la experiencia
carcelaria es sustituido por un tiempo progresivo (productivo),
donde los presos se vuelven gestores de su propio espacio de
castigo y reforma.
Mientras
analizábamos el prototipo, el poder terapéutico
se ha deslizado hacia otras prisiones dentro y fuera del estado
español. La forma de hacerlo ha sido organizar un sistema
de formación del personal encargado de la implementación
de estos nuevos módulos a través de stages. Aprendido
el sistema de gestión, estos hombres y mujeres que participan
con una carga emotiva muy fuerte en un proceso de reforma (interno),
calificado de “histórico”, han sido los vectores
de difusión hacia otras prisiones según un rápido
proceso gubernamental, y de un nudo de significados teóricos,
orientado a la praxis y a la distribución de los programas
terapéuticos. El número de prisiones que ensaya
esta nueva forma de gestión crece rápidamente:
ya son 12 cárceles que han instituido la alternativa
terapéutica y la D.G.I.P. calcula que en 3 años
más de la mitad de las 77 prisiones españolas
contarán con un módulo terapéutico. Una
metamorfosis que, de momento, afecta al circuito periférico
de la institución penitenciaria, pero que tiene el apoyo
político y técnico de la Dirección Nacional.
Esta progresiva expansión del proyecto terapéutico
pone en circulación una forma diferente de poder, un
gobierno de las prisiones que se apoya en la subjetivización
del castigo y la individualización de la condena. Consecuencias:
reducción de los espacios / tiempos y lenguajes de la
crisis, objetivación de los procesos de reinserción
y la metamorfosis de las categorías de presos y guardias
a través de otros códigos, menos evidentes, más
flexibles.
El gobierno
terapéutico, por el hecho de transformar desde dentro
la institución penitenciaria, abre contradicciones en
el interior de la estructura de gobierno de las prisiones y
desafía al modelo represivo policial que fue el eje de
la política penitenciaria del estado español durante
las dos últimas décadas. Pero este sistema terapéutico-penitenciario,
frente y frontera de un movimiento de mutación gubernamental,
impone un tiempo para su descodificación. Si los dispositivos
disciplinares aparecieron en un tiempo para encauzar productivamente
el déficit, la improductividad interna del cuerpo social,
para organizar los cuerpos de modo de producir un efecto político-institucional
normalizador; si, como se proclama hoy en día, asistimos
a un agotamiento de la racionalidad disciplinaria y nos hallamos
ante un poder que controla selectiva y diferencialmente la excedencia,
¿cuál es la razón de ser de los dispositivos
terapéuticos? ¿Son ellos parte de una ruptura
entre lo disciplinar y lo biopolítico?
PROBLEMÁTICA
La prisión
terapéutica constituye un laboratorio de gobernabilidad.
Por una parte, la gubernamentalidad terapéutica abre
contradicciones internas en la gestión de las prisiones
porque desafía al modelo represivo policial de la Tolerancia
Cero. Contra ella, pone en marcha un proceso de reforma interna,
de racionalización y optimización de los recursos
humanos, técnicos e institucionales (condiciones de trabajo,
formación de los funcionarios, mejora de infraestructuras,
etc.) y, simultáneamente, reformula los objetivos disciplinares
y moralizantes de acuerdo a un nuevo discurso de la reinserción
(a través de la inserción laboral), la recuperación
de la vida y la cura. En este sentido, da la impresión
de ser parte de un movimiento neoconservador que intenta volver
a legitimar las agencias e instituciones del estado en la gestión
del problema de la seguridad. Por ello, el poder terapéutico,
en primer lugar, apela a optimizar y racionalizar los recursos
propios y pone en marcha programas de reforma interna en el
ámbito de infraestructura, condiciones de trabajo y formación
del funcionariado de prisiones. En segundo lugar, desde el punto
de vista de su discurso, la gubernamentalidad terapéutica
se opone a las tendencias neoliberales encarnadas en la ideología
de la Tolerancia Cero ya que reformula los objetivos disciplinares
y moralizantes de acuerdo a un nuevo discurso de la reinserción,
el trabajo, la dignidad y la cura. En tercer lugar, la gubernamentalidad
terapéutica trabaja en contra de la excepcionalidad jurídica
y de la colonización de estado por la lógica de
la guerra. Su acción reclama, de hecho, la inclusión
a la ley de la mayor cantidad de presos y promueve la constitución
de redes de consenso en co-gestión con ONG, asociaciones,
voluntarios, etc. No obstante, simultáneamente a la focalización
analítica, debe tomarse conciencia de que una prisión
terapéutica continúa siendo un territorio de guerra,
pero atravesado por un pacto: en el interior del dispositivo
terapéutico, el régimen discursivo y las prácticas
de regulación de conflictos entre prisión y prisioneros
están capturadas y proyectadas en una trama ético-clínica
de reconstrucción de un espacio comunitario.
Por otra
parte, la práctica terapéutica en las cárceles
forma parte de la crisis del modelo disciplinario-correccional
vinculado al capitalismo fordista y apunta a un nuevo espacio
político-penal que aparece paralelo a las nuevas relaciones
entre capital y trabajo (desregulación del mercado y
derrota de los movimientos obreros, precarización) y
al virtual abatimiento de la “cuestión social”.
Si la lógica fondista, centrada en la cantidad de fuerza
trabajo, desencadenaba procesos binarios de regulación
disciplinar, el individuo y la masa, ahora esta lógica
ha sido sustituida por lógica de la calidad del trabajo,
de la autorregulación, de la cognitividad o inmaterialidad,
de manera que las formas dominación y de legitimación
simbólica del sistema punitivo se organizan según
otras necesidades. Deviene la crisis de los espacios del encierro,
las formas de interioridad dominante estallan y, con ellas,
todas las categorías asociadas. Esta transformación,
no obstante, no adquiere la forma de una evolución o
de un proceso sustitutivo, sino que ocurre en el centro de un
campo diagramático donde coexisten dispositivos disciplinares,
de control y terapéuticos.
Las cárceles,
como parte de las estructuras de gobierno sobre la población,
cambian y abandonan o reestructuran sus antiguas funciones.
En diálogo con la economía, cada fase de acumulación
del capital está articulada con problemas diferenciados
de los dispositivos de control social. Sabemos, por ejemplo,
cómo en un momento ya lejano el capitalismo provocó
efectos devastadores sobre la clase obrera, la de Marx, destruyendo
pertenencia, creencias y lazos sociales. Sabemos que la estrategia
disciplinaria inculcó a la clase obrera un sentido nuevo
de familia, de vecindario, de profesión, de sociedad
en afinidad con el desarrollo capitalista. Sabemos, también,
como los propios movimientos proletarios socialistas aceptaron
la moral obrera (que fue una creación burguesa), separada
del “lumpen”, los delincuentes y los desviados,
como tributo a su propia sobrevivencia. Sabemos, a la postre,
cómo el fordismo creó y promovió una nueva
racionalización del tiempo y del espacio y cómo
los cuerpos debieron ser disciplinados para insertarlos en el
sistema productivo. Pero hoy día, cuando las condiciones
en la que se desenvuelven nuestras vidas han cambiado fuertemente,
¿qué papel cumple la cárcel más
allá del lugar común que se le asigna como institución
que contiene la desviación, la marginalidad y la pobreza?
Conviene
en este punto observar los discursos: se habla cada vez menos
de delincuentes y cada vez más de población de
riesgo y de sectores “desfavorecidos”, se apela
cada vez menos al castigo disciplinario y cada vez más
al tratamiento, la terapia y la reeducación. Pero, contrariamente
a lo que podamos suponer, este desplazamiento discursivo no
significa una disminución de la vigilancia, ya que los
medios de vigilancia se hacen menos específicos, más
generalizados. En efecto, al producirse una suerte de asimilación
entre el mundo de la delincuencia y el mundo patológico,
lo que acontece es una des-especificación de la población
sujeta a (de) la vigilancia. En otros términos, la introducción
progresiva de un coeficiente médico en los discursos
penales y en las prácticas carcelarias produce, bajo
el pretexto de la patología, una confluencia de las funciones
de vigilancia antes separadas. La acción penal no se
focaliza en castigar un delito tipificado por la ley, sino que
incluye toda la conducta (la pasada, la presente y la futura)
en un campo codificado según lo sano y lo patológico.
En el interior de los módulos terapéuticos vuelve
a ejercitarse aquella máxima según la cual “castigar
es ejercitar”. Crecen los dispositivos de examen alrededor
de una praxis terapéutica que hace del diagnóstico
el procedimiento penal de gobierno de la crisis. En el centro
de esta crisis se generan procesos de redefinición en
los objetivos del espacio carcelario y en la morfología
de los dispositivos de castigo. Por ello, merece atención
la experiencia terapéutica. No es que las cárceles
y las disciplinas desaparezcan, de hecho vivimos justo lo contrario,
una expansión del sistema carcelario y una intensificación
de ciertos mecanismos disciplinarios, pero ellas han perdido
su significado estructural bajo el efecto de la movilización
posfordista.
PARA
NO CONCLUIR
Las nuevas
condiciones de la sociedad posfordista en que el capital “pone
a trabajar” la vida indican no sólo la máxima
expresión de la subsunción real del capital en
la sociedad, sino, además, el hecho de que el trabajo
vivo, abstracto, como dice Marx, se identifique con una acción
autoproductiva. Cada vez con mayor fuerza, las relaciones de
producción bajo capitalismo cognitivo se basan en un
redefinición de la relación entre vida y política
y son, por ello mismo, más biopolíticas. Debemos
entonces asumir el desafío de pensar las transformaciones
terapéuticas en el ámbito penal como parte de
unas estrategias de gobierno que no se entienden/explican a
partir de las nociones clásicas de la economía
política. El poder terapéutico reclama otro paradigma.
Pensar la gubernamentalidad terapéutica implica la crítica
profunda de los códigos por los cuales hasta ahora hemos
pensado la idea del gobierno y de la política (su campo
y su concepto, sus taxonomías y agencias). Significa
romper con la idea de la política como una determinación
externa a la reproducción de la vida.
El poder
terapéutico no persigue un objetivo como el poder disciplinario,
ni es una presencia continua como los mecanismos de control,
sino que persigue una captura totalitaria de la vida. Deja,
por tanto, de dar tanta importancia a los objetivos instrumentales,
persigue su propio despliegue: la obligación de que la
vida debe abrirse, revisarse, curarse, reinsertarse. Las reformas
son parte de la existencia de las prisiones desde sus inicios,
esto es algo sabido. En este sentido, las intervenciones terapéuticas
serían parte de lo obvio. Por ello, consignar o denunciar
su pertenencia o participación en el movimiento de reforma
interna del poder penitenciario es un punto de partida, no una
conclusión. La obviedad no hace más que abrir
la posibilidad del problema, y ante esta apertura se perfilan
dos grandes opciones: ingerir y digerir la aparición
del poder terapéutico en los saberes ya constituidos
y, entonces, hacer de las experiencias terapéuticas casos
o signos de una serie predecible de mutaciones al interior del
sistema penitenciario; o aceptar el desafío de plantear
cuestiones lo suficientemente específicas y singulares,
plantear incidentes, accidentes capaces de interrumpir el poder
de las prácticas administrativas, a través de
la producción de un saber especificado, pero desclasificado.
Se nos enseña
a aceptar la utopía de que la posibilidad de la existencia
del estado, de la política, es consecuencia de un lazo
fundado en la plena conciencia, la libre voluntad y el consentimiento
de los ciudadanos. Pero no se nos enseña que este pacto
se levanta sobre una exclusión, que encubre un crimen.
Los trabajos de Foucault sobre la locura, la delincuencia y
la sexualidad nos han ayudado a comprender el lado oscuro de
la Modernidad, y nos han mostrado el conjunto de estrategias
excluyentes y/o disciplinares que fueron claves en el desarrollo
de los estados modernos y de la sociedad industrial. Hoy día,
cuando asistimos a una crisis generalizada de la figura del
estado (ciudadanía) y de los lugares del encierro, la
condición de ser humano parece definirse cada vez más
por las prácticas de consumo, la conectividad y la autogestión.
De pronto locos, niños y delincuentes consumidores pasan
a ser sujetos de derecho ¿Significa esto que entramos
en una sociedad menos excluyente? No lo parece. Los cuerpos
que no consumen bajo la lógica del mercado y las vidas
que no se auto movilizan empresarialmente quedan fuera del pacto,
precarizados, enfermos, desvalidos. La humanidad instituida
no los reconoce como miembros y si se atreven a asaltar los
muros de esa polis (como hacen todo el tiempo los inmigrantes
que saltan las vallas de Ceuta y Melilla), las prisiones serán
un buen lugar para acumularlos.
Estamos
ante un nuevo escenario antropológico que redefine una
vez más lo humano de acuerdo con criterios no otorgados
genéticamente: nivel de consumo, espíritu de empresa,
producción de intereses individualizantes. Un escenario
que dibuja una terrible diferencia entre las “vidas”
y los sujetos de interés-consumidores-humanos. Vidas
y cuerpos excedentes o rebeldes que quedarán dispersos
o condenados y, los que no, tendrán en las nuevas prisiones
un lugar y en la terapia un medio de salvación individual.
La instauración y expansión de los módulos
terapéuticos aparecen paralelas a una nueva definición
del peligro/riesgo concebido como “ruido”, malestar,
o virus, y la intervención terapéutica se revela
como una forma de gobierno sobre una sociedad atravesada por
una enfermedad crónica. Además, la patologización
de los mundos ilegales permite la entrada en escena de los nuevos
agentes asistenciales asociados al estado: la industria de la
solidaridad y las redes de ONG que participan en la circulación
de recursos estatales (que son una de las estrategias socialista
de producción de consenso). Es casi un lugar común
decir que la prisión produce delincuentes. Pero es cierto
y en muchos niveles. Es presumible, entonces, que la expansión
de los módulos terapéuticos signifique también
la construcción de un nuevo tipo de delincuencia. De
hecho, la cárcel terapéutica vuelve a codificar
lo ilegal para insertarlo en un orden legal cada vez más
clínico y frecuentemente “suspendido” por
los estados de excepción. Entre la inclusión clínica
y la exclusión legal se abre un territorio terapéutico
punitivo que afecta no sólo a quienes están en
prisión, sino que es parte de un nuevo gobierno cuyos
efectos se deslizan hacia el conjunto de la sociedad, uniendo
el adentro con el afuera de las cárceles.
Tiempos
de desafío y reflexión que nos competen a todos,
dentro y fuera de los muros. Sobre todo a los más de
67.000 presos en todo el estado español y a sus homólogos
en todas las cárceles europeas. Pero más allá
de la evidencia ¿son ellos los principales objetos de
las mutaciones? ¿Cuál es el sujeto que a la vez
construye y domina el poder terapéutico? Si el demente,
como escribe Foucault, es el “correspondiente especifico
del funcionamiento de la institución del manicomio, ¿quién
es el hombre o la mujer que sale de un tratamiento terapéutico-carcelario?
Si el histérico es el “militante de la anti-psiquiatría”
¿quién es el militante del anti carcelario cuando
el amigo deviene patológico y el enemigo normal? La metamorfosis
terapéutico-punitiva afecta no sólo a los cuerpos
y gestos de los reclusos en el interior de estos módulos
alternativos, sino que los mismos módulos son laboratorios
de gobierno, de producción de redes sociales de asistencia
y de control que se deslizan y adaptan en un territorio global.
Pero el poder terapéutico, al ocuparse de la vida y al
transformarla en su proceso de subjetivación, al estrechar
este vínculo, despeja la posibilidad siempre presente,
pero negada o abatida, de que un solo gesto rebelde se constituya
como un gesto que reclama lo absoluto. En la prisión
terapéutica la lucha por los detalles se vuelve una lucha
por lo absoluto: “liberación o barbarie”.
Liberación que no consiste en la obtención de
un hipotético estado de libertad sino en la adopción
de una posición política. Una posición
de sujeto en lugar de objeto de políticas. Ahí
radica lo que está en juego en la actual situación
carcelaria, dentro y fuera de los dispositivos terapéuticos
de reforma.
Álvaro
Garreaud, Dario Malventi
Oficina Social de Antropología y Prisión
